Circuito Informativo Nº 433

(Diciembre 09 del 2006 del 2006-Edición 433)

-Editorial-

Cambiar leyes para castigar a legisladores rateros

Finalmente, los mexicanos empezamos a tomar la calma tras de que el presidente electo por la mayoría de los electores, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa asumió el cargo pese a las protestas delincuenciales de los perredistas que trataban de impedir que rindiera la protesta de ley ante el Congreso de la Unión.

En los primeros días de su gobierno, Calderón Hinojosa llamó a sus competidores políticos a dialogar para llegar a tomar acuerdos de trabajo y acciones que beneficien a los ciudadanos, sobre todo a los que menos tienen.

De entrada acordó reducir su salario y el de sus colaboradores en un 10 por ciento, en tanto envía una iniciativa para regularizar los salarios de todos los servidores públicos federales; estatales y municipales, pues efectivamente son demasiado elevados y son una ofensa para la clase trabajadora que tiene que vivir con un salario mínimo que no rebasa los cincuenta pesos diarios, mientras los productos básicos elevan sus precios, lo cual sumado al gasto de transporte, renta, luz y educación para sus hijos hacen más difícil atender en lo necesario a las familias.

En este sentido creemos que el problema de los altos salarios de los servidores públicos no compete al presidente Felipe Calderón, sino al Congreso de la Unión que son los que acuerdan y aceptan el gasto público, pero como nuestros legisladores se creen los dueños de la vida de los mexicanos, fueron los primeros en elevarse sus salarios y el presupuesto para la gestión del poder legislativo, por lo cual será difícil que acepten reducir sus percepciones, pues trabajan únicamente para sus propios intereses y de sus partidos políticos olvidándose de quienes creyeron en ellos y le dieron el voto.

Esto nos enseña que deben ser los ciudadanos los que con todo derecho cuiden el quehacer políticos de sus representantes legislativos y que estos rindan cuentas ante ellos y cuando no lo hagan deben ser enjuiciados y removidos del cargo a petición de los mismos electores que son quienes lo ponen.

Es grotesco que la mayoría de los legisladores se nieguen a rendir cuentas y transparentar sus percepciones como lo hicieron 17 diputados federales de la 60 Legislatura, que omitieron presentar su declaración patrimonial, cuando es una obligación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Según el reporte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), 17 diputados, de 500 registrados, no entregaron su reporte de bienes y su situación patrimonial, entre ellos están los ex gobernadores de Oaxaca, José Murat (PRI), y de Colima, Arnoldo Ochoa (PRI), y los panistas presidentes de las comisiones de Presupuesto, Raúl Padilla, y de Asuntos Fronterizos, Andrés Bermúdez, conocido éste como El Rey del Tomate. El reporte final de la ASF revela que Murat Casab no presentó su declaración de bienes patrimoniales, como no lo hizo tampoco su hijo, Alejandro Murat, al terminar la pasada legislatura en la que fue diputado federal.

El documento, entregado a la Mesa Directiva y a la Comisión de Vigilancia de la ASF en la Cámara de Diputados, y publicado ayer en la Gaceta Parlamentaria, detalla la fecha en que cada diputado hizo su trámite así de queines prefirieron no reportar su situación patrimonial, entre ellos los perredistas Juan Darío Arreola, José Luis Gutiérrez, Fernando Mayans, Adrián Pedrozo, Rafael Ramos y Cuauhtémoc Sandoval; los priístas Israel Beltrán, José Luis Blanco, Sara Latife Ruiz y Gerardo Vargas Landeros; de Nueva Alianza, Blanca Luna e Irma Piñeyro, y, de Alternativa, Delio Hernández, pero se protegen con el fuero constitucional, los diputados omisos no serán acreedores a ninguna sanción y pueden entregar su reporte en el momento en que así lo deseen, con un sello de la ASF de “extemporáneo”.

En ese mismo contexto, hay más de 100 ex diputados que no presentaron su reporte de conclusiones. Ahí están quienes fueron presidentes de comisiones legislativas y que tuvieron en su poder más de un millón de pesos de presupuesto interno que manejaron “a modo”, entre ellos, los ex presidentes de la comisión de Presupuesto, Ángel Heladio Aguirre y Ángel Buendía, ambos del PRI; el de Seguridad Social, Miguel Alonso Raya, del PRD; de Juventud y Deporte, José Manuel Carrillo, del PRI; de Puntos Constitucionales, Francisco Frías, del PRI; de Seguridad Pública, Jorge Uscanga, del PRI; de Grupos Vulnerables, Adriana González Furlong, del PAN; de la Comisión Especial de Agresiones a Periodistas, Beatriz Mojica, y del Comité de Administración, Elpidio Concha, los dos del PRD; además, en la lista están diputados que hoy son senadores, como los panistas Ramón Galindo, Regina Vázquez, José Isabel Trejo y Guillermo Tamborrel, y del PRD, Alonso Raya, entre otros.

Es hora de cambiar la Constitución y obligar a los legisladores a que rindan cuentas y no tengan fuero, para que paguen con cárcel sus traiciones y robos.